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cación afirma:
El Estado no puede desinteresarse de la manera como se distribuye la
enseñanza. Seguramente se puede discutir sobre la extensión y las
modalidades de su intervención, pero el principio continúa indiscuti-
ble, y ello por tres razones:
1. La escuela forma ciudadanos y no podría ser indiferente al
Estado que representa aquí los intereses de la comunidad nacional,
que esa influencia permita la difusión entre los jóvenes espíritus que
le están confiados, de principios negadores de los valores que consti-
tuyen la base de la vida social o de doctrinas peligrosas para la unidad
nacional. Es, pues, el orden público, entendido en el más amplio sen-
tido de la palabra, el que justifica aquí la intervención del Estado.
2. La escuela forma técnicos que serán llamados a ejercer sus
funciones en la sociedad. Es necesario que sus aptitudes y su com-
petencia sean verificadas en el propio interés de la colectividad. Ese
es un rol que sólo el Estado puede desempeñar por un control de
valor de los maestros y por la autenticación de los diplomas.
Además, como corresponde a las funciones del Estado moderno
promover la cultura, debe intervenir para estimular la investigación,
introducir el estudio de las nuevas técnicas, dirigir los estudios en el
sentido exigido por la situación, tanto interior como internacional
del país; la orientación económica y social de un Estado depende de
la existencia y de las cualidades de su cuerpo de técnicos capaces de
dirigirla.
3. La intervención del Estado está, por último, legitimada por el
hecho de que la cultura no podrá ser un privilegio reservado a algu-
nos, ya por razón de su fortuna, ya como consecuencia de su perte-
nencia a una religión. La escuela verdaderamente abierta a todos no
puede ser sino la escuela del Estado. Es accesible a la vez, material-
mente porque en un principio ella no adhiere a ninguna creencia filo-
sófica o religiosa en particular.
La intervención del Estado en la educación no tiene, como algu-
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