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(Sandoval, 2010), afectada por varios factores, como el perfil de
los docentes, las deficiencias educativas de los participantes, la
capacidad física y equipamiento de los espacios formativos y la
evaluación y seguimientos de los procesos educativos académicos y
desempeño de los egresados. La crítica está referida al volumen de
número de estudiantes integrados al sistema, ejecutado en un corto
período de tiempo (Sandoval, 2010). Sin embargo, esta perspectiva
no contempla el quehacer de los egresados u otros resultados
inesperados, como lo demuestra, en un trabajo reciente sobre el
PFG Agroecología, que la implementación de los programas en
comunidades permiten el desarrollo de nuevas iniciativas, como
escuelas agroecológicas u otras organizaciones (Domené-Painenao
y Herrera, 2019). Del mismo modo, la categoría calidad está siendo
cuestionada por algunos investigadores, al ser el modo de persistir
de las universidades tradicionales (Guido, 2005; Castellano, 2011).
En atención a ello, estas nuevas instituciones deben construir sus
indicadores o parámetros para evaluar sus procesos de formación
ajustados a su realidad.
• La baja demanda estudiantil. Este comportamiento está
determinado por el predominio de una cultura rentista
petrolera que, aún, permanece en los imaginarios de vida de
la mayoría de la población venezolana, donde predomina un
desprecio por lo rural y más por la cultura campesina (Mosonyi,
1982; Núñez, 2004). Estos imaginarios limitan la demanda
de estudiantes interesados en la formación en estas áreas del
conocimiento. Se suman, a este proceso, los últimos eventos
políticos y económicos (la repentina y dramática caída de los
precios del petróleo, que dejó al Estado venezolano con menos
de una cuarta parte de sus ingresos previstos en los próximos
cinco años y la continua presión geopolítica sostenida, desde
la injerencia internacional contra la Revolución Bolivariana)
que afectan los procesos formativos. La capacidad de respuesta
del Estado para hacer frente a los acontecimientos descritos
no mantuvo la producción agroecológica entre las prioridades
nacionales, ni reconoció la agroecología como una política
antichoque, eficaz para resistir los intentos de cambio de
régimen (Domené-Painenao y Herrera, 2019).