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las leyes habilitantes, que se genera un conjunto de instrumentos legales
que permitieron reglamentar y fomentar actividades relacionadas con
el sistema agroalimentario nacional, como fueron la Ley Orgánica de
Seguridad y Soberanía Alimentaria, la Ley de Salud Agrícola Integral y el
Decreto-Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Este
último sería derogado en 2010 para elevarse a Ley Orgánica del Sistema
Económico Comunal (Peña, 2021).Tal efervescencia del marco jurídico,
durante los primeros años del programa del presidente Chávez, tuvo un
correlato en la transformación y creación de las instituciones del Estado,
con el fin de implementar las políticas prefiguradas en estos textos. Las
organizaciones populares, por tanto, gozaron de un amplio apoyo legal,
financiero y discursivo durante estos años, que permitió la emergencia
de numerosas iniciativas alternativas al modelo agroindustrial y destinadas
a la construcción de formas socialistas de producción y relacionamiento
social; escenario que favoreció a los sistemas de intercambio solidario.
Durante estos años, el contexto planetario alimentario marcaba otras
tendencias. La crisis global financiera y el incremento en los precios de los
alimentos tuvieron incidencia en el país, a partir del 2009; no obstante, su
impacto fue menor, y existían las condiciones para enfrentar la contingencia.
Fue a partir de la muerte del presidente Chávez, en 2013, cuando las fuerzas
políticas y factores económicos contrarios al Gobierno nacional, con un
amplio apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y aliados regionales,
generan una afectación creciente y sistemática del sistema alimentario. La
desaparición de los productos de primera necesidad de los supermercados
(en su mayoría, propiedad del sector privado), el sabotaje y alteración de
los sistemas de distribución de alimentos y bienes, sumados a presiones
desestabilizadoras de los productores agroindustriales (quienes son
altamente dependientes de los petrodólares que provee el Estado), fueron
generando, en pocos meses, un marcado clima de desabastecimiento;
aspecto muy sensible en las ciudades (Felicien et al., 2018; Peña, 2021).
Las respuestas populares fueron múltiples —y muchas se mantienen en
la actualidad— desde la aparición de formas de economía solidaria;
la siembra en balcones, terrazas, terrenos abandonados, escuelas o
patios; la modificación de la dieta de productos procesados a productos
naturales; hasta recetarios creativos e innovadores, a partir de los alimentos
disponibles, y el establecimiento de relaciones directas entre consumidores
urbanos y productores, en ocasiones locales, aunque estas conexiones no
necesariamente han estado restringidas por la distancia.