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Redes alternativas de alimentación en Venezuela | 225

de élites; por tanto, no propiciaría desde lo político las transformaciones
sociales y ecológicas que pudieron, en un inicio, estimular la conformación
de estas redes. En consecuencia, la noción de local no debe ser entendida
acríticamente como transformadora y emancipadora por ser local: está
en la cualidad de la conformación de los procesos que subyacen su
capacidad de ser alternativas al modelo agroindustrial globalizado, y no
ser únicamente variaciones de este (Jarosz, 2008). Las relaciones entre
los espacios rurales (frecuentemente ubicados en torno a las urbes) y los
espacios metropolitanos, que demandan otras formas de alimento, son
complejas. Allí imaginarios sociales, políticos y ambientales se encuentran;
de hecho, en la diversidad de los actores y la identidad territorial hay algunas
de las claves para comprender los procesos que se suscitan al interior de
las redes (Selfa y Qazi, 2005; Jarosz, 2008).

Algunos determinantes en la historia reciente agroalimentaria
del país
En concordancia con la hipótesis planteada en la introducción
de este libro, la Constitución representó un antes y un después en la
historia reciente agroalimentaria del país, debido, principalmente, a las
implicaciones políticas, sociales, legales, identitarias, económicas y, en
específico, las relativas al modelo agrícola. Esto conlleva un conjunto de
transformaciones de la trama y de los actores que conforman la matriz
agroalimentaria del país en los últimos 20 años; proceso no exento
de tensiones, contradicciones, avances y retrocesos (Enríquez, 2013;
Felicien et al., 2018; Domene-Painenao y Herrera, 2019).
Veamos, primero, algunos aspectos claves en las políticas públicas,
la economía popular y la organización social, que se promovieron
y fortalecieron durante la primera década del siglo XXI. A partir de la
promulgación de la Constitución de 1999, se inicia un proceso gradual
—más bien lento— de promoción de políticas destinadas al apoyo de los
sectores populares del país, y su incorporación a las fuerzas productivas,
a través de los planes de desarrollo económico y social de la nación de
la época. La creación, en septiembre de 2004, del Ministerio del Poder
Popular para la Economía Comunal permitió financiar formas novedosas
de organización popular asociadas a la economía productiva desde las
bases; luego de cinco años, este daría paso al Ministerio de Comunas y
Movimientos Sociales. Sin embargo, fue durante 2008, y en el marco de