Page 172 - América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista
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Colocados los cimientos para el “retorno del Estado” y la acele-
            ración de la agenda posneoliberal, Correa fue electo nuevamente
            en 2009 en primera vuelta, un hecho sin precedentes en la historia
            democrática del país, aunque sin ostentar mayoría parlamentaria.
            Esto complejizó el nuevo ciclo político en que los grandes princi-
            pios constitucionales debían tomar la forma de específicos códi-
            gos, leyes orgánicas y políticas públicas. AP requería, esta vez, tejer
            alianzas con otras fuerzas políticas. Fiel a su estilo, Correa relativizó
            esta necesidad y aceleró la ruptura de la coalición progresista –AP
            formó un megabloque con el movimiento indígena, el socialismo,
            la socialdemocracia, entre otros– forjada en la Constituyente. El te-
            rreno de la lucha política se alteró. En medio del enorme anclaje
            popular del presidente, el movimiento gobernante tendió a subesti-
            mar el aporte de las organizaciones sociales mientras estas exigían
            real participación.
             Desde entonces (2010-2011), la Revolución Ciudadana debió ha-
            cer frente tanto a los embates de la derecha y de los grupos de
            poder económico como a la contestación de organizaciones popu-
            lares y pequeños partidos de izquierda. La hostilidad entre Correa
            y el movimiento indígena fue particularmente relevante. Semejante
            fragmentación ralentizó la puesta en marcha de la agenda de cam-
            bio y estimuló la reactivación de la lucha social.

            Reforma estatal, conflictos corporativos y verticalismo
            El gobierno emprendió entonces una ambiciosa reforma de la arqui-
            tectura institucional y de la estructura de toma de decisiones del sec-
            tor público. En la perspectiva de Correa, la posibilidad de responder a
            los intereses generales ha dependido de la capacidad del poder civil
            para gobernar el conjunto de la agenda pública y para evitar que los
            cuerpos intermedios manejen poder en las agencias estatales. Tal po-
            sicionamiento chocó con una amplia estructura de intereses sociales
            –en los que se entremezclan dinámicas empresariales o populares,
            cívicas o militares, burocráticas o no gubernamentales– que habían
            conquistado previamente espacios de representación. Emergió en-
            tonces una verdadera batalla por la reforma estatal, uno de los gran-
            des campos de conflictividad del ciclo político.
             El conflicto con el movimiento indígena en torno a la Ley de Re-
            cursos Hídricos, la disputa con los policías por la Ley de Servicio Pú-
            blico , la tensión con los gremios de maestros en torno a distintas
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            4 El conflicto policial de 2010 estuvo asociado a diversas reformas institucionales enca-
            minadas a deshacer mecanismos de protección estamental de la fuerza pública.
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