Page 171 - América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista

La pérdida de influencia política de tales circuitos quedó largamen-
te plasmada en el curso de la dinámica constituyente. En efecto, la
Asamblea Constituyente alcanzó a retomar un amplio conjunto de
ideas, demandas e intereses que emergieron desde la resistencia po-
pular al neoliberalismo, y desde otras agendas de modernización de-
mocrática y transformación del Estado. La Constitución avanzó pues
en otorgar plena centralidad a la regulación estatal de los mercados;
a prohibir la privatización de los recursos estratégicos; a reconocer
la economía social y solidaria; al reforzamiento de regulaciones am-
bientales para actividades productivas (“derechos a la naturaleza”); a
la prefiguración de un nuevo modelo de desarrollo que propende al
bienestar colectivo, el buen vivir y la igualdad social; a la ampliación
de los derechos sociales y colectivos; al reconocimiento de la pluri-
nacionalidad del Estado; al robustecimiento de los mecanismos de
democracia directa, participativa y deliberativa, entre otros elemen-
tos. El 28 de septiembre de 2008, el 63 por ciento de los ecuatorianos
aprobó en consulta popular la nueva Carta Magna.
Aupado en un amplio respaldo popular, el gobierno tomó un con-
junto de opciones que ratificaban el resquebrajamiento de la matriz
de poder social de las décadas pasadas y robustecían los factores
de poder en que se plasmaba la voluntad por redireccionar la ac-
ción estatal. Cuatro líneas de decisión tuvieron particular relevancia
en tal perspectiva:
1. La reapropiación estatal de recursos con alta capacidad de
generación de renta diferencial (fortalecimiento de empresas
públicas en sectores claves de la economía –petróleo, minería,
servicios públicos, etc.– y renegociación de contratos con diver-
sas transnacionales).
2. El establecimiento de nuevas líneas de regulación de la banca
en procura de bajar tasas de interés, repatriar sus reservas depo-
sitadas en el exterior, dinamizar el aparato productivo; apuntalar
la banca pública y cooperativa; eliminar la autonomía de Banco
Central y determinar la centralidad del Ejecutivo en la fijación de
la política monetaria.

3. La reducción del peso de la deuda externa en el presupuesto público.

4. El fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado –im-
pedir la histórica “rebeldía tributaria” de las elites– en el marco de
una reforma tributaria progresiva que derivó en mayores niveles de
presión fiscal y más amplias capacidades redistributivas.

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