Page 164 - Agroecologías insurgentes en Venezuela Territorios, luchas y pedagogías en revolución
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         Castellano, 2011). En esta primera fase, las políticas educativas propuestas
         respondían  a atender  las áreas  críticas  que  reclamaban la atención  del
         Gobierno, al profundizarse sus efectos negativos, entre las cuales destacan:
         la desigualdad en términos de calidad y la inequidad en el acceso, poniendo
         en evidencia una concentración territorial no equilibrada (D’Amario, 2009),
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         el crecimiento sin control de instituciones privadas  en la absorción de
         demanda y el deterioro de las universidades públicas (Sandoval, 2010).
            También se  hizo  evidente  que  la institucionalidad  pública de la
         educación  universitaria, previa a 1999,  fue  coherente  con el  proyecto
         político  de  la élite  venezolana, una educación  universitaria inclinada a
         garantizar la movilidad, la profesionalización y la consolidación de las capas
         medias urbanas (Sandoval, 2010). Esto profundiza las desigualdades y la
         exclusión aún más, en poblaciones rurales, y afecta el acceso a la educación
         a las comunidades con vocación agrícola; aspecto que se relaciona con el
         hecho de considerar a  la agricultura una actividad  casi  marginal,
         ante el auge y la consolidación de un modelo rentista petrolero a lo
         largo del siglo XX (Morales, 2009; Chacón y Mora, 2013; Purcell, 2017);
         estructurado bajo la lógica de un sistema agroalimentario internacional,
         básicamente de consumo urbano y, en consecuencia, dependiente de la
         importación de materias primas y alimentos, un proceso que  afecta  la
         producción nacional e incide en un patrón de consumo alejado de nuestros
         hábitos alimenticios tradicionales (Morales, 2009; Purcell, 2017).
            Ante este escenario, el nuevo gobierno, en el marco de una nueva
         Constitución, proclama importantes transformaciones, como la
         transición promulgada en su artículo 305 “… transitar a un modelo
         de agricultura sustentable”. Esta es sustentada por una trama legal,



         3  La explosión  matricular  y la  diferenciación de la  educación  superior: universidades,
         institutos  tecnológicos  y  colegios  universitarios,  tanto  públicos  como  privados,  en  un
         proceso que —en 1990— tiene su expresión cuantitativa en 513 458 estudiantes inscritos
         en educación universitaria, de los cuales un tercio estaban inscritos en 34 instituciones del
         sector privado (Consejo Nacional de Universidades (CNU)/Oficina de Planificación del
         Sector Universitario (OPSU, 2006). El crecimiento de este sector privado representó una
         parte significativa del incremento de la cobertura en educación superior, siendo su presencia
         también en términos de instituciones (33 % del total) considerablemente importante en los
         institutos y colegios universitarios. Así, la participación de la educación superior oficial fue
         disminuyendo progresivamente, de tal manera que en 1998 el incremento del número de
         estudiantes en este sector fue apenas del 8 %, mientras que en las instituciones privadas
         fue de 77 % (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2008; como se citó
         en Sandoval, 2010, p. 13)
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