Page 164 - Agroecologías insurgentes en Venezuela Territorios, luchas y pedagogías en revolución
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Castellano, 2011). En esta primera fase, las políticas educativas propuestas
respondían a atender las áreas críticas que reclamaban la atención del
Gobierno, al profundizarse sus efectos negativos, entre las cuales destacan:
la desigualdad en términos de calidad y la inequidad en el acceso, poniendo
en evidencia una concentración territorial no equilibrada (D’Amario, 2009),
3
el crecimiento sin control de instituciones privadas en la absorción de
demanda y el deterioro de las universidades públicas (Sandoval, 2010).
También se hizo evidente que la institucionalidad pública de la
educación universitaria, previa a 1999, fue coherente con el proyecto
político de la élite venezolana, una educación universitaria inclinada a
garantizar la movilidad, la profesionalización y la consolidación de las capas
medias urbanas (Sandoval, 2010). Esto profundiza las desigualdades y la
exclusión aún más, en poblaciones rurales, y afecta el acceso a la educación
a las comunidades con vocación agrícola; aspecto que se relaciona con el
hecho de considerar a la agricultura una actividad casi marginal,
ante el auge y la consolidación de un modelo rentista petrolero a lo
largo del siglo XX (Morales, 2009; Chacón y Mora, 2013; Purcell, 2017);
estructurado bajo la lógica de un sistema agroalimentario internacional,
básicamente de consumo urbano y, en consecuencia, dependiente de la
importación de materias primas y alimentos, un proceso que afecta la
producción nacional e incide en un patrón de consumo alejado de nuestros
hábitos alimenticios tradicionales (Morales, 2009; Purcell, 2017).
Ante este escenario, el nuevo gobierno, en el marco de una nueva
Constitución, proclama importantes transformaciones, como la
transición promulgada en su artículo 305 “… transitar a un modelo
de agricultura sustentable”. Esta es sustentada por una trama legal,
3 La explosión matricular y la diferenciación de la educación superior: universidades,
institutos tecnológicos y colegios universitarios, tanto públicos como privados, en un
proceso que —en 1990— tiene su expresión cuantitativa en 513 458 estudiantes inscritos
en educación universitaria, de los cuales un tercio estaban inscritos en 34 instituciones del
sector privado (Consejo Nacional de Universidades (CNU)/Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU, 2006). El crecimiento de este sector privado representó una
parte significativa del incremento de la cobertura en educación superior, siendo su presencia
también en términos de instituciones (33 % del total) considerablemente importante en los
institutos y colegios universitarios. Así, la participación de la educación superior oficial fue
disminuyendo progresivamente, de tal manera que en 1998 el incremento del número de
estudiantes en este sector fue apenas del 8 %, mientras que en las instituciones privadas
fue de 77 % (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2008; como se citó
en Sandoval, 2010, p. 13)