Page 99 - América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista
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ciar la capacidad de transformación de las relaciones económicas
              y sociales; son la posibilidad de destinar recursos para políticas y
              programas, la posibilidad de generar la agenda política, entre otras
              potencialidades.
                Sin embargo, es insuficiente porque el Estado está inmerso y des-
              bordado por las relaciones económicas, sociales y políticas dispues-
              tas por el sistema capitalista que lo define. Construir un gobierno
              alternativo implica luchar, por un lado, contra las leyes y disposicio-
              nes institucionales que reglamentan y norman su funcionamiento,
              en la búsqueda de ir construyendo nuevas institucionalidades. Los
              grandes poderes económicos y sus empresas de comunicación
              constituyen otra de las adversidades a las cuales se deben enfren-
              tar estos gobiernos alternativos, como pudo verse en Venezuela,
              Argentina o Ecuador, pero también durante las gestiones progresis-
              tas de Bogotá, donde la avalancha de descrédito y desprestigio pro-
              palada por los medios de comunicación hegemónicos logró hacer
              un notorio daño e incidir en resultados electorales adversos que
              impidieron su continuidad.
                Esa disputa contra la vieja institucionalidad y por la construcción
              de una nueva, así como la lucha contra los grandes poderes econó-
              micos, necesita de un papel activo, dinámico y propositivo de los
              movimientos populares y la sociedad organizada. La construcción
              de contrahegemonía no puede reducirse al ejercicio de la institu-
              cionalidad, sino que necesita complementarse con la organización,
              la movilización y la construcción de propuestas de la sociedad en
              su conjunto. La continuidad de los gobiernos alternativos allí donde
              hay un movimiento social y popular respaldándolo ratifica la nece-
              sidad de un diálogo crítico y autónomo, pero constructivo, entre
              movimientos y partidos/ gobiernos.
                Las gestiones progresistas de Bogotá nos demostraron que la
              corrupción se constituye como un fenómeno extendido en la ins-
              titucionalidad política estatal, que ha permeado también a los go-
              biernos alternativos, y frente a los cuales los movimientos sociales
              deben jugar un papel de veeduría que permita fortalecer la búsque-
              da de una nueva institucionalidad, y purgarla de los costos éticos,
              políticos y económicos que significa la corrupción.
                Las contradicciones posibles entre algunas políticas de gobiernos
              alternativos y los intereses expresados por los movimientos socia-
              les se convierten en otro nudo a desenredar. El caso del extractivis-
              mo, en países con tanta riqueza en sus bienes comunes como es el
              caso de América Latina, tal vez haya sido el ejemplo más evidente


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