Page 246 - Agroecologías insurgentes en Venezuela Territorios, luchas y pedagogías en revolución
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         climático, el consumo energético y el costo ambiental de empaquetado
         y almacenamiento no se argumenta en ninguno de estas dos iniciativas,
         es importante señalar que son profundamente locales; por consiguiente,
         aunque las razones para asumir esta condición puedan ser distintas a las
         energéticas, tienen un positivo impacto sobre esta preocupación global.
            Las experiencias de la Alpargata Solidaria y Pueblo a Pueblo nacen como
         consecuencia de las primeras evidencias del uso de los alimentos como
         arma política en el país. En Venezuela, está ampliamente documentado que
         el modelo agroindustrial y un amplio sector de la distribución y venta de los
         alimentos está dominado por el sector privado (Peña, 2021). Agroindustrias,
         sistemas de transporte y cadenas de mercados y supermercados, a pesar
         de  estar ampliamente  subsidiados por  el  Estado, emprendieron  una
         ruta política de desabastecimiento, acaparamiento  y especulación con
         los alimentos, que tuvo un impacto muy notable en las ciudades, donde
         la población está lejana o marginada  de las fuentes  de generación de
         alimentos, y en Venezuela,  como particularidad en la América Latina,
         abarca una proporción de la población superior al 90 %. La respuesta
         esperada por  los laboratorios  políticos  no se  dio: no hubo el  estallido
         popular esperado, pero sí emergieron múltiples iniciativas para lidiar con
         el estado de sitio alimentario de las ciudades; la dieta del venezolano se ha
         visto ampliamente modificada con una marcada reducción del consumo
         de  bebidas  gaseosas,  productos  empaquetados,  y  una  masificación  del
         consumo de vegetales  sin procesar, abarcando  leguminosas, hortalizas
         y,  fundamentalmente, tubérculos, como fuente  de  carbohidratos. Por
         otra parte, el Estado generó, en 2016, un mecanismo de distribución de
         alimentos esenciales que evade a las cadenas del sector privado, conocido
         como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), que permite
         de manera regular llevar alimentos a más de siete millones de familias en
         el país. Sumado a ello, han emergido iniciativas como las mencionadas,
         que buscan acortar “las distancias” entre los territorios de producción de
         alimentos (esencialmente campesinos) y sectores populares de las ciudades,
         con la misión primordial de garantizar seguridad alimentaria a la población
         urbana y mejores condiciones de comercialización y apoyos diversos a
         la población rural. Estas  iniciativas  emergen  desde  una necesidad  muy
         sentida de  la población y  en  un  escenario  altamente politizado,  lo que
         radicaliza el conflicto por medio de los alimentos.
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