Page 246 - Agroecologías insurgentes en Venezuela Territorios, luchas y pedagogías en revolución
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246 | Agroecologías insurgentes en Venezuela
climático, el consumo energético y el costo ambiental de empaquetado
y almacenamiento no se argumenta en ninguno de estas dos iniciativas,
es importante señalar que son profundamente locales; por consiguiente,
aunque las razones para asumir esta condición puedan ser distintas a las
energéticas, tienen un positivo impacto sobre esta preocupación global.
Las experiencias de la Alpargata Solidaria y Pueblo a Pueblo nacen como
consecuencia de las primeras evidencias del uso de los alimentos como
arma política en el país. En Venezuela, está ampliamente documentado que
el modelo agroindustrial y un amplio sector de la distribución y venta de los
alimentos está dominado por el sector privado (Peña, 2021). Agroindustrias,
sistemas de transporte y cadenas de mercados y supermercados, a pesar
de estar ampliamente subsidiados por el Estado, emprendieron una
ruta política de desabastecimiento, acaparamiento y especulación con
los alimentos, que tuvo un impacto muy notable en las ciudades, donde
la población está lejana o marginada de las fuentes de generación de
alimentos, y en Venezuela, como particularidad en la América Latina,
abarca una proporción de la población superior al 90 %. La respuesta
esperada por los laboratorios políticos no se dio: no hubo el estallido
popular esperado, pero sí emergieron múltiples iniciativas para lidiar con
el estado de sitio alimentario de las ciudades; la dieta del venezolano se ha
visto ampliamente modificada con una marcada reducción del consumo
de bebidas gaseosas, productos empaquetados, y una masificación del
consumo de vegetales sin procesar, abarcando leguminosas, hortalizas
y, fundamentalmente, tubérculos, como fuente de carbohidratos. Por
otra parte, el Estado generó, en 2016, un mecanismo de distribución de
alimentos esenciales que evade a las cadenas del sector privado, conocido
como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), que permite
de manera regular llevar alimentos a más de siete millones de familias en
el país. Sumado a ello, han emergido iniciativas como las mencionadas,
que buscan acortar “las distancias” entre los territorios de producción de
alimentos (esencialmente campesinos) y sectores populares de las ciudades,
con la misión primordial de garantizar seguridad alimentaria a la población
urbana y mejores condiciones de comercialización y apoyos diversos a
la población rural. Estas iniciativas emergen desde una necesidad muy
sentida de la población y en un escenario altamente politizado, lo que
radicaliza el conflicto por medio de los alimentos.