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Mariátegui: política revolucionaria. Contribución a la crítica socialista

nada se siente tan obligado por el más elemental deber de objetividad
que a desvanecer la leyenda de la “revolución socialista”. Éste es, más
específica y sistemáticamente, el objeto de una serie de artículos del
joven escritor peruano Esteban Pavletich, que desde 1926 está en directo
contacto con los hombres y las cosas de México. Los propios escritores,
adictos o aliados al régimen, admiten que no es, por el momento, un
Estado socialista lo que la política de este régimen tiende a crear. Froylán
C. Manjarrez, en un estudio aparecido en la revista Crisol, pretende que,
para la etapa de gradual transición del capitalismo al socialismo, la vida
«nos ofrece ahora esta solución: entre el Estado capitalista y el Estado
socialista hay un Estado intermedio: el Estado como regulador de la
economía nacional, cuya misión corresponde al concepto cristiano de
la propiedad, triunfante hoy, el cual asigna a ésta funciones sociales...».
Lejos de todo finalismo y de todo determinismo, los fascistas se atribuyen
en Italia la función de crear, precisamente, este tipo de Estado nacional y
unitario. El Estado de clase es condenado en nombre del Estado superior
a los intereses de las clases, conciliador y árbitro, según los casos, de esos
intereses. Eminentemente pequeño-burgueses, no es raro que esta idea,
afirmada ante todo por el fascismo, en el proceso de una acción inequí-
voca e inconfundiblemente contrarrevolucionaria, aparezca ahora incor-
porada en el ideario de un régimen político, surgido de una marejada
revolucionaria. Los pequeño-burgueses de todo el mundo se parecen,
aunque unos se remonten sucesivamente a Maquiavelo, el Medioevo y
el Imperio Romano y otros sueñen cristianamente en un concepto de la
propiedad que asigna a ésta funciones sociales. El Estado regulador de
Froylán C. Manjarrez no es otro que el Estado fascista. Poco importa que
Manjarrez prefiera reconocerlo en el Estado alemán, tal como se presenta
en la Constitución de Weimar.
Ni la Carta de Weimar ni la presencia del Partido Socialista en el
gobierno han quitado al Estado alemán el carácter de Estado de clase, de
Estado demo-burgués. Los socialistas alemanes, que retrocedieron en
1918 ante la revolución —actitud que precisamente tiene su expresión
formal en la Constitución de Weimar— no se proponen más que la trans-
formación lenta, prudente, de este Estado, que saben dominado por los
intereses del capitalismo. La colaboración ministerial es impuesta, según

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