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estas quienes toman las decisiones, en última instancia, para mantener la
capacidad de decisión del individuo.
El nuevo Estado bolivariano se está perfilando por la posesión colectiva
de los medios de producción y distribución, a través de un proceso en el
cual las actividades económicas se rigen por el principio de dirección y
responsabilidad colectiva, y jerarquizan en función de la solución de las
necesidades inmediatas de la comunidad rural e indígena. Las comunidades
se afincan en el principio autogestionario de la solidaridad, del apoyo y la
ayuda mutua, se sustentan en sus propias fuerzas y recursos para resolver
sus problemas económicos y de servicios públicos. La productividad puede
ser aumentada, utilizando la automatización, al máximo, en los procesos
productivos, distributivos y de servicio, así como la optimización de la
organización, distribución del tiempo y recursos, racional y eficiente; con
el fin de reducir, en lo posible, el tiempo necesario para la participación en
el trabajo productivo y disponer de mayores posibilidades de tiempo libre
para otras actividades según el gusto de cada cual. La participación activa
de los trabajadores y técnicos, así como lo que pueda aportar el común
de la gente le da un gran impulso al desarrollo de nuevas tecnologías y
formas organizativas que vayan en beneficio inmediato de la población,
en general, con el fin de incidir positivamente en la elevación del nivel de
vida de esta, y no como en la relación tradicional entre los dueños de los
medios de producción y los trabajadores, en donde estos últimos apenas
reciben las migajas que aquellos les dan.
El nuevo Estado bolivariano se fundamentará en la autogestión,
la cual se debe regir por el principio de la dirección y responsabilidad
colectiva a través de instancias u organismos que orientan, coordinan
e investigan sobre las cuestiones económicas, tanto de la producción,
como de la distribución en los diferentes niveles (locales, regionales,
nacionales, continentales, y en el plano mundial). La planificación
debe ser elaborada entre otros organismos y asambleas o parlamentos
populares a los diferentes niveles, considerando que es la población a
quien le corresponde decidir, en última instancia, cualquier asunto de
interés general, de importancia y trascendencia en la discusión, mientras
que a las comisiones y equipos especializados les corresponde aconsejar,
facilitar, promover, investigar, plantear, etcétera; y resolver las cuestiones
concretas de orden inmediato que no ameritan la intervención de
instancias superiores (Alvarado, 2004).