Page 439 - Escritos de ayer y hoy
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2.  La estrecha colaboración con los otros poderes públicos.
            3.  La política exterior soberana, antiimperialista y bolivariana.
            4.  El desarrollo de la práctica legislativa programática.
            5.  La participación del pueblo en la gestión pública.
            6.  La generación de capacidades legislativas en las
               comunidades.
            7.  La cohesión del bloque revolucionario, la tolerancia y el
               trato respetuoso con los sectores de oposición.
            8.  El desarrollo y fortalecimiento del Gran Polo Patriótico.
            9.  La formación y desarrollo de la conciencia del pue-
               blo  como  sujeto  histórico  y  protagonista  del  cambio
               revolucionario.
            Estos ejes se plasmaron en acciones políticas concretas:
            1.  A  partir  de los  contenidos  programáticos  de  la
               Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
               se ha impulsado el desarrollo de una concepción social
               legislativa, que abarca el poder popular, el trabajo, la se-
               guridad social, el sistema socioeconómico, la educación y
               la seguridad de la nación. Así quedó expresado al sancio-
               nar ese año treinta y cuatro (34) leyes, de las cuales vein-
               tiuna (21) son de carácter aprobatorio, en el marco de
               la cooperación con países amigos. Entre las leyes apro-
               badas podemos mencionar: la Ley para Sancionar los
               Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones
               de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el
               período 1958-1998, cuyo propósito es definir los meca-
               nismos que establezcan la verdad de los hechos y cas-
               tiguen los actos de terrorismo de Estado, ejecutados
               contra luchadoras y luchadores sociales en el período del
               puntofijismo; la Ley para la Regularización y Control
               de  los  Arrendamientos  de  Viviendas,  que,  además  de
               surgir de la iniciativa popular, establece el ordenamiento
               jurídico del arrendamiento, para garantizar la protección

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